[Publicado en El País (Andalucía) - Ginés Donaire - 03 de marzo de 2013]
Andalucía se sumará muy pronto a
las comunidades que ya han declarado su territorio libre de cultivos
transgénicos (modificados genéticamente). Izquierda Unida ha iniciado ya
los trámites parlamentarios para que la Junta apruebe la moratoria para
suspender todas las autorizaciones de cultivo e importación de
transgénicos. De este modo, IU quiere hacer valer uno de los acuerdos
recogidos en el pacto de gobierno suscrito con el PSOE.
La decisión, en todo caso, augura un
camino no exento de obstáculos. La biotecnología en la agricultura tiene
divididos a las organizaciones agrarias y también la Consejería de
Agricultura ha autorizado en los últimos años una treintena de
ensayos de campo con fines científicos en cultivos como el maíz o el
algodón. En todo caso, el consejero del ramo, Luis Planas, tras admitir
que existe un debate científico-técnico al respecto, asume que se trata
de un tema que forma parte de la agenda del Gobierno de coalición.
España es, en la actualidad, el único
país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala. Según
datos de la agroindustria, la superficie cultivada con maíz transgénico
en España supera las 100.000 hectáreas, de las que más de 10.000 se
encuentran en Andalucía.
“Somos contrarios al cultivo de
transgénicos por su impacto agrario y ambiental, la deuda que genera a
las personas productoras y el rechazo de los consumidores, así como la
constatación reciente de los problemas de salud que pueden llegar a
provocar”, expone Lola Quintana, responsable de agricultura del grupo
parlamentario de IU. Esta formación ha registrado una pregunta
parlamentaria al consejero de Agricultura, Luis Planas, para que aporte
toda la información sobre estas prácticas en la comunidad y promueve la
cláusula de salvaguarda para prohibir el cultivo de transgénicos en
territorio andaluz.
Andalucía se sumaría así a otras
comunidades, como Asturias, País Vasco, Galicia, Baleares y Canarias,
que ya se han declarado libres de transgénicos. Y mociones en el mismo
sentido se han aprobado en casi medio centenar de municipios andaluces,
como son los casos de Almonte (Huelva), Pozoblanco y Montilla (Córdoba),
Alcalá del Río, La Algaba, Marinaleda o La Puebla de Cazalla (Sevilla) y
Vélez-Málaga, Ardales o Alhaurín de la Torre (Málaga).
“El cultivo de transgénicos sólo responde a intereses de las grandes multinacionales del agronegocio,
sin que se haya demostrado ni el interés para la agricultura familiar y
campesina ni se haya podido constatar su inocuidad; es un suicidio
social, ambiental y económico para nuestra región”, argumenta Eva García
Sempere, coordinadora andaluza del área de Medio Ambiente de IU.
Esta formación apoya las
reivindicaciones de la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos
(PALT), que integra a distintas organizaciones ecologistas y
federaciones de consumidores andaluzas y que reclaman la soberanía
alimentaria de la comunidad.
Entre el sector agrario, la COAG se ha
mostrado en contra de los transgénicos por entender que, al margen de
las consecuencias para el medio ambiente, resultan más costosos para los
productores, debido al incremento del precio de la semilla respecto a
las variedades convencionales. Y desde la Asociación Valor Ecológico
(antes Comité Andaluz de Agricultura Ecológica), que dirige Francisco
Casero, se advierte de la amenaza de esos productos para las más de
900.000 hectáreas de superficie ecológica en Andalucía, con el 40% de la
producción nacional.
En la parte contraria, Asaja ha apoyado
la autorización de ensayos científicos de algodón transgénico para
combatir las plagas y recuperar la rentabilidad de ese cultivo. También
la UPA cree que es una buena opción para acabar con la situación crítica
de cultivos como la remolacha o el algodón. Según un estudio de la
Fundación Antama, el 99% de los agricultores que en 2010 sembraron
plantas modificadas genéticamente afirmaron que les supuso un beneficio
económico en sus explotaciones, y el 93% volverá a sembrarlos en 2011.
En la iniciativa parlamentaria de IU se
llama la atención de que la falta de información relativa al número de
hectáreas y localización exacta de las parcelas, ensayos experimentales y
ausencia de protocolos administrativos al efecto “pueden provocar
serios problemas a los agricultores, en zonas de especial interés para
la agricultura, ganadería y apicultura andaluza como son los espacios
naturales protegidos y comarcas donde la producción ecológica es una
realidad socioeconómica”.
Desde la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos
se remarca que la falta de transparencia supone una violación de la
Convención de Aarhus y de la ley de acceso a la información ambiental.
Ocho países de la UE ya han prohibido los transgénicos: Francia,
Alemania, Luxemburgo, Austria, Hungría, Grecia, Bulgaria y Polonia.
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